El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha solicitado el 21 de septiembre de 2026 aclaraciones a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística sobre el aumento del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) en el municipio. Este incremento se debe a la aplicación de la Disposición Adicional 8.ª de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ‘Ley de Nietos’. Desde la entrada en vigor de esta normativa en octubre de 2022, el censo exterior de Tres Cantos ha aumentado en más de 200 personas.
El Gobierno municipal ha pedido una auditoría y revisión de oficio de todos los expedientes del CERA asignados a Tres Cantos desde 2022. El objetivo es garantizar la limpieza del censo y defender la legitimidad democrática en los próximos procesos electorales. Según el alcalde, este crecimiento es insostenible desde un punto de vista técnico y legal, ya que Tres Cantos se constituyó como municipio independiente en 1991, mucho después del periodo abarcado por la legislación sobre el exilio histórico.
Una «anomalía democrática»
Además, el alcalde Moreno ha calificado la situación como una «anomalía democrática» y ha exigido explicaciones al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como a la Oficina del Censo Electoral. El regidor ha expresado su preocupación institucional, destacando que Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia, y que el censo electoral debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota.
Por otra parte, el Gobierno municipal ha mostrado su respaldo a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de aquellas altas en el CERA que no hayan acreditado de manera fehaciente la condición de exiliados o represaliados políticos. El alcalde ha señalado que esta resolución del Tribunal Supremo confirma la necesidad de garantizar la máxima transparencia en el proceso electoral.
Preocupación institucional
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha confirmado que está en constante coordinación con la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional para abordar esta preocupación institucional. Jesús Moreno ha declarado que, aunque no se juzgan intenciones, los hechos demuestran una falta de rigor inadmisible en el procedimiento de adscripción al censo.